Macroeconomía
Inflación en Uruguay: cómo los precios regulados distorsionan el IPC
Cuando las tarifas de UTE, OSE y el transporte se ajustan por decreto, el índice oficial de inflación deja de reflejar el alza real del costo de vida.
El Índice de Precios al Consumo que publica el INE es la referencia oficial para medir la inflación en Uruguay. Sin embargo, su composición incluye un grupo de bienes y servicios cuyos precios no son determinados por el mercado sino por resolución del Poder Ejecutivo o de entes reguladores: la electricidad de UTE, el agua de OSE, el boleto de transporte colectivo y ciertos combustibles de ANCAP. Cuando el gobierno decide postergar un ajuste tarifario — como ocurrió en tres ocasiones entre 2020 y 2022 — el IPC subestima la presión inflacionaria real que enfrentarían los hogares si los precios se liberaran. El efecto inverso también ocurre: cuando se acumulan ajustes diferidos y se aplican de golpe, el índice sube bruscamente sin que la economía haya experimentado un deterioro repentino. Esta dinámica complica la lectura del dato para quienes negocian contratos de alquiler indexados, convenios salariales por consejo de salarios o simplemente intentan entender si su poder de compra mejoró o empeoró en el último año. El Banco Central del Uruguay publica un índice subyacente que excluye los precios volátiles y regulados, y que resulta más representativo de la inflación de mercado. En lo que va del año, ese índice subyacente se ha mantenido consistentemente 1,2 puntos porcentuales por encima del IPC general — una brecha que merece más atención en el debate público del que habitualmente recibe.